martes 17 de marzo de 2009

MOCION SOBRE INCLUSIÓN DE LA BANDA ANCHA COMO SERVICIO UNIVERSAL

El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente Moción sobre

INCLUSIÓN DE LA BANDA ANCHA COMO SERVICIO UNIVERSAL

Exposición de Motivos.- Alejado de cualquier condicionante ideológico, cultural, religioso, etc., el acceso a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), se sitúa en la sociedad del siglo XXI como un elemento de progreso y como un indicador claro de desarrollo cultural, social y económico.

En lo que respecta a nuestro país, y según diversos estudios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), España lleva varios años ocupando las últimas posiciones en Europa en lo que a acceso a banda ancha se refiere. Desde el Gobierno se han ido anunciado rebajas en el precio del ADSL que nunca se han materializado. Las declaraciones de dirigentes políticos y organismos con poder de decisión sobre este tema no han sido más que meras promesas que no se han traducido en una mejora de los precios, de la cobertura y de la velocidad de acceso. Ministros de Industria, presidentes autonómicos, candidatos a presidentes del Gobierno, secretarios de telecomunicaciones y un sin fin de cargos públicos han entrado en el juego de las promesas en cada campaña electoral sin que después aquellas se hayan cumplido, porque la realidad a día de hoy es que los precios del ADSL no han bajado y en España seguimos teniendo una banda ancha lenta y cara. De hecho, en estudios sobre precios presentados por la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), resulta claramente Telefónica como el operador dominante y el más caro de toda Europa. Mientras, los operadores alternativos (Ya.com, Jazztel, Orange, Tele2...) no han trasladado al usuario final los descuentos aplicados en el precio mayorista que cobra Telefónica a ellos.

Pero, lo más desesperante es que el 40% del territorio nacional no tiene acceso a ofertas con cobertura directa de estos operadores alternativos, por lo que los usuarios-as de estas zonas están obligados-as a contratar ADSL directamente con Telefónica o revendido por otro operador con precios caros. La CMT aplicó dos rebajas en los precios mayoristas y, a día de hoy, dichas rebajas todavía no se han aplicado en los recibos de los usuarios-as de ADSL.

Estamos, por tanto, de nuevo ante un sector clave para el desarrollo económico y social, como es el de las nuevas tecnologías del conocimiento y la información, que se encuentra a los pies de los caballos de la rapiña que caracteriza el funcionamiento comercial de las grandes multinacionales que controlan este servicio, convertido en un suculento negocio.

En lo que a nuestra provincia se refiere, el acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento muestra, como por otra parte no podía ser de otra forma, el retraso de Jaén con respecto a los parámetros medios a nivel de todo el Estado y de nuestra Comunidad Autónoma. Así, y según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones incluidos en su informe anual de 2007, la provincia de Jaén es la que menor nivel de penetración de banda ancha ofrece en toda Andalucía, con tan sólo 11,4 líneas por cada 100 habitantes, seguida de Huelva, con 13,0 líneas por cada 100 habitantes, y mucho más lejos aún de provincias como Cádiz y Málaga, con 16,2 y 19,4 líneas por cada 100 habitantes respectivamente. A nivel estatal, sólo 5 provincias (Orense, Lugo, Zamora, Cuenca y Badajoz) presentan un menor nivel de líneas de banda ancha por cada 100 habitantes que la nuestra.

Desde Izquierda Unida entendemos que para poder cerrar en España la denominada brecha digital -que como acabamos de demostrar es sensiblemente mayor en la provincia de Jaén, al menos en lo que a acceso a la banda ancha se refiere-, es imprescindible considerar la banda ancha como parte del Servicio Universal, el cual viene definido, tanto en la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, como en el Real Decreto 424/2005, del Reglamento del Servicio Universal, como ‘el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y un precio asequible’. Sólo así será posible garantizar el acceso a la banda ancha en todo el territorio nacional, a partir de unos umbrales mínimos de calidad y de unos precios asequibles.

Con base en algunos de los elementos anteriores, diversos colectivos y asociaciones de internautas han promovido una Plataforma cuyo slogan es “ADSL Más Barato” que, como su propio nombre indica, tiene como objetivo exigir al Gobierno la instauración en nuestro país de un acceso al ADSL más económico y de mayor calidad. Esta Plataforma ha hecho entrega de 275.000 firmas al Ministro de Industria, Turismo y Comercio –Miguel Sebastián- planteando estas reivindicaciones. Desde IU entendemos que esta iniciativa no sólo es justa y oportuna, sino totalmente necesaria para que nuestro país pueda reducir sensiblemente, y en un plazo relativamente corto de tiempo, la brecha digital con respecto a su entorno europeo.

Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS:

ÚNICO.- Instar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -como vía para contribuir a la eliminación de la brecha digital de nuestro país en un plazo razonable de tiempo- a la inclusión de la banda ancha como Servicio Universal, operando los cambios oportunos tanto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, como en la legislación de desarrollo de ésta. Todo ello con el objeto de:

a) Conseguir una rebaja incondicional en el precio del ADSL concordante con el nivel de vida de nuestro país.
b) Conseguir una velocidad de bajada y subida que permita acceder en igualdad de condiciones a las del resto de países europeos, sobre todo de países donde opera Telefónica a través de su filial O2.
Conseguir una calidad del servicio que garantice la disponibilidad y acceso de cualquier ciudadano-a al ADSL con independencia de su lugar de residencia.


Fdo.:
Grupo Municipal de IU LV-CA.

sábado 14 de marzo de 2009

PROPOSICION TRANSPORTE PUBLICO AVE PUENTE GENIL

El Grupo de Diputados y Diputadas Provinciales de IULVCA eleva al Pleno de la Diputación de Córdoba la siguiente Proposición relativa a

PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS ENTRE LA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE PUENTE GENIL-HERRERA Y LAS LOCALIDADES CORDOBESAS SITUADAS EN SU ÁREA DE INFLUENCIA


Conocida es la voluntad de la Diputación de Córdoba de participar activamente en el desarrollo de las infraestructuras logísticas de la provincia, como lo demuestra la reciente firma del convenio entre Diputación, Junta de Andalucía, Mancomunidad de Municipios Valle de los Pedroches y ADIF para la construcción de la futura estación de alta velocidad en Villanueva de Córdoba.

En esa dirección, entendemos que la institución provincial debe mostrar análoga sensibilidad ante la necesidad de implementar mejoras en infraestructuras ya existentes en el territorio de su jurisdicción, en aras a obtener de ellas, y de la importante inversión pública que las han hecho posibles, la máxima rentabilidad social.

La estación de Ave de Puente Genil ha experimentado, desde su puesta en marcha, un continuo crecimiento estadístico en el número de usuarios y constituye, a día de hoy, un factor de primer orden en el desarrollo económico y social del sur de Córdoba y, por extensión, de la red de ciudades medias del centro de Andalucía.

Es por todo ello por lo que el Grupo de Diputados y Diputadas Provinciales de IULVCA, eleva al Pleno de la Diputación a adopción de los siguientes,

ACUERDOS
1. La Diputación de Córdoba asumirá la creación, puesta en marcha y mantenimiento de un servicio público de transporte de viajeros entre la estación de alta velocidad de Puente Genil-Herrera y las localidades cordobesas situadas en su área de influencia.

2. Dar traslado de los acuerdos al Ayuntamiento de Puente Genil y a los Ayuntamientos situados en su área de influencia.

PROPOSICIÓN RELATIVA AL HOSPITAL INFANTIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

El Grupo de Diputados y Diputadas Provinciales de IULVCA eleva al Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba la siguiente,

PROPOSICIÓN RELATIVA AL HOSPITAL INFANTIL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

La resolución número C148137 del Parlamento Europeo de 126 de junio de 1986, recoge la “Carta Europea de los Niños Hospitalizados”. En ella se reconoce textualmente “su derecho a ser hospitalizado junto a otros niños, evitando todo lo posible su hospitalización entre adultos” Su “derecho a disponer de locales amueblados y equipados de modo que respondan a sus necesidades en materia de cuidados, de educación y de juegos, así como a las normas oficiales de seguridad”

Estos derechos son asumidos por el Servicio Andaluz de Salud a través del Programa de Atención Integral al Niño Hospitalizado de 1997. También se recogen en la Declaración de Ottawa de la Asociación Médica Mundial sobre el Derecho del Niño a la Atención Médica (Canadá 1998).


El Decreto 246/2005 de 8 de noviembre por el que se regula el derecho de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades propias de su edad y desarrollo. Entre otras consideraciones, dice su artículo 15 que las personas menores de 14 años serán atendidas a ingresadas en zonas pediátricas específicas, y en condiciones de máxima seguridad para su protección, en su disposición transitoria especifica claramente que las obras correspondientes a edificios de nueva construcción se ajustarán a las condiciones establecidas en el.

El Plan de Modernización Integral del Hospital Reina Sofía, que va a suponer un desembolso de unos 110 millones de euros por parte de la Consejería de Salud y la ampliación de su superficie hasta los 200.000 metros cuadros, incluida la construcción de un nuevo hospital del niño y otro de la mujer. Sin embargo el proyecto original, así concebido y presentado a la opinión pública, ha cambiado. No se van a crear nuevos edificios de hospitalización para el niño y la mujer. En su lugar, la hospitalización materno-infantil se ubicaría en un único edificio, que actualmente es el destinado a la hospitalización de adultos (hospital general), lo que va en contra de los derechos del niño, el decreto 246/2005, la Declaración de Ottawa de la Asociación Médica Mundial sobre el Derecho del Niño a la Atención Médica (Canadá 1998) y la resolución número C148137 del Parlamento Europeo de 126 de junio de 1986 que recoge la “Carta Europea de los Niños Hospitalizados.

Las catas arqueológicas comenzaron el pasado mes de noviembre y está a punto de concluir el nuevo proyecto por Planho Consultores SL y Adiós Arquitec S.A.


Este asunto ha suscitado el interés de profesionales, padres y madres que han mostrado su intención de que el diseño del hospital del niño y la mujer cuente con su opinión y se atenga a las directrices anteriormente mencionadas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de Diputados y Diputadas Provinciales de IULVCA eleva al Pleno de la Diputación de Córdoba a adopción de los siguientes,


ACUERDOS

1. Instar a la Delegación Provincial de Salud a la creación de un nuevo Hospital infantil y otro de la mujer independientes, aunque conectados entre sí en las áreas de partos y maternidad, así como al resto de unidades de apoyo al diagnóstico y tratamiento del niño y la mujer.

2. Que dichos hospitales tengan un diseño y unas dimensiones producto de un estudio completo de la demandad e la población, un análisis de los circuitos principales de pacientes y profesionales en el Hospital y de la estimación de las necesidades para los próximos años.

3. Que se cumplan para ello todos los requisitos contemplados en las diversas normas al respecto como es que la totalidad de las habitaciones sea de uso individual, la existencia de áreas lúdico pedagógicas, hospital de madres…, logrando de esta manera una menor ruptura del niño con su vida cotidiana, al mayor acceso posible de la persona menor a las personas y a las actividades que forman su medio habitual, garantizando su derecho a al salud y sus derechos como parte de la ciudadanía menor de edad.

4. Participación en la elaboración del proyecto de los propios profesionales del hospital, máximos conocedores de la situación de su servicio y quienes están en mejores condiciones de anticipar el futuro de la asistencia sanitaria en su parcela de conocimiento, así como la plataforma ciudadana “No me quites mi hospital”.

5. Dar traslado de los acuerdos a la Delegación Provincial de Salud, a la Consejera de Salud y a la Mesa del Parlamento Andaluz.

APOYO A LOS TRABAJADORES DE JURAEN S.L. Y AL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUM 2 DE CÓRDOBA

El Grupo de Diputados y Diputadas Provinciales de IULVCA eleva al Pleno de la Diputación de Córdoba la siguiente Proposición relativa al

APOYO A LOS TRABAJADORES DE JURAEN S.L. Y AL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUM 2 DE CÓRDOBA

Con fecha 22 de octubre de 2008, nueve trabajadores de la empresa JURAEN S.L, en Villa del Río interpusieron una demanda contra dicha empresa que les debía sus salarios desde el 1 de septiembre de 2008, sin que a finales de enero de 2009 les hubiese pagado los salarios adeudados a cada uno de los trabajadores demandantes. Estos trabajadores han estado sin cobrar sus salarios de cinco meses de trabajo.
Con fecha 30 de enero el Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba dicta sentencia en el sentido de que los impagos de JUAREN S.L. a los trabajadores han de considerarse muy graves y por tanto procede la extinción de la relación laboral entre las partes, por causa imputable a la empresa y condenando a JURAEN S.L a abonar a los trabajadores una indemnización de 45 días de salario por año de trabajo de cada uno de trabajadores demandantes. La sentencia no ha sido recurrida y por tanto es firme.
Los trabajadores afectados se concentran todos los días laborables a las puertas de la empresa y están realizando movilizaciones en el municipio de Villa del Río para que la empresa les pague lo que les debe y las indemnizaciones dictadas en la sentencia del Juzgado número 2 de lo Social de Córdoba.

A fecha de 12 de marzo de 2009 la empresa no ha acatado la sentencia, ni les ha pagado el salario que les debe, provocando una situación insostenible a los trabajadores afectados.

El pasado 11 de marzo IULVCA mantuvo una reunión con los trabajadores afectados por JURAEN S.L., y nos comprometimos a recabar el apoyo de la Diputación Provincial de Córdoba.

Por todo ello, el Grupo de Diputados y Diputadas Provinciales de IULVCA elevan al Pleno de la Diputación de Córdoba la adopción de los siguientes,

ACUERDOS
El Pleno de la Diputación de Córdoba muestra su apoyo y solidaridad con los trabajadores de JURAEN S.L.

El Pleno de la Diputación de Córdoba insta a la empresa JURAEN S.L. a que cumpla la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba.

Dar traslado de los acuerdos a los trabajadores afectados por esta sentencia, a la empresa JURAEN S.L., al ayuntamiento de Villa del Río, a las direcciones provinciales de CC.OO y UGT.

viernes 13 de febrero de 2009

MOCION POR LA DEVOLUCIÓN A LOS USUARIOS DE LO COBRADO EN EXCESO EN LAS FACTURAS DE LA LUZ

POR LA DEVOLUCIÓN A LOS USUARIOS DE LO COBRADO EN EXCESO EN LAS FACTURAS DEL CONSUMO ELÉCTRICO DEL MES DE ENERO DE 2009 POR PARTE DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde finales de 2008 los ciudadanos han empezado a recibir su factura de electricidad todos los meses y no cada dos como antes, de modo que desde entonces aunque reciban una factura cada mes, la lectura real del contador se hace cada dos meses al alternarse dicha lectura real con una lectura estimada. La habilitación legal a este nuevo sistema de cobro de las compañías eléctricas, la encontramos en la Disposición Adicional Séptima de un Real Decreto –1578/08, de 26 de septiembre- relativo a la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para determinadas instalaciones, lo cual nos indica que, amén de no hacerse (dicha habilitación) de la manera precisamente más ortodoxa –sobre todo previendo que afecta a más de 20 millones de usuarios-, parece una reforma que llega “por una puerta trasera y mal iluminada” (permítasenos el símil). Esta disposición tan relevante -puesta en marcha sin campaña informativa previa-, queda referida a la periodicidad de la facturación y lectura de las tarifas domésticas (hasta 10 kW de potencia contratada), que “a partir del 1 de noviembre de 2008 se efectuará por la empresa distribuidora mensualmente llevándose a cabo con base en la lectura bimestral de los equipos de medida instalados al efecto”. 

Ya en 2009 muchos usuarios han visto como les ha llegado una primera factura sobre la base de una lectura estimada que reflejaba un consumo inusual y excesivamente bajo, y después, una segunda factura sobre la base de una lectura real excesiva e inusualmente alta. 
Las irregularidades residen en que las compañías eléctricas han utilizado una forma de cálculo en sus lecturas estimadas introduciendo un factor de corrección (coeficiente de 0,70) que siempre estima a la baja, para que así el resto (acumulable a la lectura real de la factura del mes siguiente) sea muy elevado y además, sea cobrado aplicándole la subida porcentual del año 2009 aunque comprenda consumos efectuados a finales de 2008. La figura de la lectura estimada siempre se consideró para casos excepcionales, léase ante la imposibilidad del operario de la compañía eléctrica de acceder al contador del abonado (por estar dicho contador dentro de una vivienda en la que no abrían la puerta, por ausencia de los consumidores, por ser períodos vacacionales...etc.) y para examinar consumos históricos de algún periodo concreto. Algo pensado para casos excepcionales que se introdujo en la normativa española a través de la Resolución de la Dirección General de la Energía –aún no derogada formalmente- de 20 de diciembre de 1988, se está utilizando ahora –pasados más de 20 años y con lo que ha cambiado el sector eléctrico- como una regla general aplicable cada dos meses y dejando libertad absoluta a las compañías eléctricas para decidir cómo calculan esa lectura estimada. Porque la clave reside en cómo se realiza el cálculo de dicha estimación (factor importantísimo que el legislador no ha regulado), en definitiva, en cómo se ha de facturar mensualmente de manera que no perjudique los intereses económicos de los ciudadanos. Si el legislador ha optado por la facturación mensual (suponiendo que sería una medida a favor de los usuarios) entendiendo que significaría más control sobre la energía consumida, un incentivo para ahorrar y más facilidad para calcular el gasto fijo de cada hogar al mes, consideramos que: o bien debe regular un procedimiento que sirva para unificar de manera homogénea los criterios de las compañías eléctricas al realizar las lecturas estimadas, o debe derogar la disposición adicional séptima antes citada, para implantar el plan de sustitución de contadores analógicos por digitales previsto desde hace años evitando así las lecturas estimadas. Ya que, según dicen los expertos en la materia, el futuro está en la telegestión sin necesidad de operarios –algo contrario a las necesidades reales del país dadas las escalofriantes cifras de desempleo- (contadores digitales que se pueden leer a distancia de forma telemática, teniendo acceso –cliente y empresa- al mismo dato de consumo mensual), deviene claro que las lecturas estimadas no tienen sentido alguno. 

También debe tenerse en cuenta, que en un contexto en el cual la revisión de la tarifa eléctrica sufrirá “una actualización trimestral en función de las variaciones de los valores de referencia de los índices de precios de los combustibles... y del IPC” (según consta en el artículo 44 del Real Decreto 661/07, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial –norma que entró en vigor en junio de 2007-) y con la ciudadanía demandando abonar sin incertidumbres sólo aquello que realmente hayan consumido, no cuadran los cálculos ni las lecturas estimadas. Además, resulta obvio y de justicia que si nos cobran más en la factura eléctrica cuando sube el precio del crudo, nos deben cobrar menos y de forma proporcional a las bajadas experimentadas por el precio del petróleo. El caos que relatamos se ha plasmado en denuncias, apertura de expedientes informativos en varias Comunidades Autónomas (Andalucía, Madrid, Baleares, Valencia...), una investigación formal por parte de la Comisión Nacional de la Energía y amenazas de sanciones si se confirman las irregularidades por parte de las eléctricas. A todo lo anteriormente expuesto (y añadiendo que las lecturas estimadas no ayudan a racionalizar el consumo), hemos de sumar que la estimación de consumo no se ha calculado contando dicho consumo “en el mismo período del año anterior y durante los doce meses anteriores a esa factura” tal y como reza en el propio folleto explicativo que las compañías eléctricas enviaron a todos los hogares sevillanos con motivo del inicio del nuevo período de facturación mensual (como así lo ha constatado verbigracia la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía –FACUA- en su escrito de denuncia sobre este asunto presentado ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). 

Por todo ello, y dado que no todos los consumidores han reclamado y que las compañías eléctricas poseen los datos bancarios de todos sus usuarios, teniendo la Junta de Andalucía las competencias sancionadoras en esta materia, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía propone la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO: Instar a las compañías eléctricas a la devolución de oficio (sin reclamación previa) a todos sus usuarios, de lo cobrado en exceso y de manera irregular en las facturas de consumo eléctrico del mes de enero de 2009, bien ingresando en sus cuentas bancarias la cantidad que corresponda, o bien descontándolo en la primera factura que, informáticamente, sea posible. 
SEGUNDO: Instar a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la derogación de la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, para que se imponga un sistema de lecturas reales mensuales de los consumos de electricidad que refleje las fluctuaciones experimentadas por la evolución de las tarifas oficiales, haciendo que las lecturas estimadas exclusivamente se utilicen en casos muy excepcionales y que estén taxativamente marcadas por el ordenamiento jurídico. 
TERCERO: Instar a las autoridades autonómicas competentes, en caso de que se confirmen las irregularidades citadas en el acuerdo primero, a la aplicación de las sanciones que correspondan a las compañías eléctricas. 
En ............., a 9 de febrero de 2009. 

Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA.

lunes 9 de febrero de 2009

CASTRO DEL RIO: MOCION SOBRE DISTRIBUCION FONDOS PROTEJA

José Luis Caravaca Crespo, portavoz de IU-LV-CA, en el Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba), al Pleno del Ayuntamiento presenta la siguiente:

MOCIÓN

Recientemente se ha publicado la distribución de fondos del Programa de Transición al empleo de la Junta de Andalucía ( PROTEJA), para el que se ha tenido en cuenta la población y el desempleo de los municipios que recibirán estos fondos.

Tras una comprobación exhaustiva de los mismos se concluye que el municipio de Castro del Río se ve notablemente perjudicado en éste reparto (186.860 euros), salvo que el criterio de distribución en cuanto al desempleo sea erróneo y sitúe a este municipio como el de mayor empleo de la provincia de Córdoba, lo cual resultaría satisfactorio, aunque parece que no es el caso, ya que las tasas de desempleo de éste municipio son similares a la de su entorno. Mas sorprendente es el caso de Baena ya que su Equipo de Gobierno siempre ha presumido de tener las tasas de desempleo más bajas de la Comarca y sin embargo en la distribución se abonan 27 euros por habitantes y a Castro del Río 23 euros.

Otro tanto ocurre con municipios de similares características y en algunos casos con menor población como los de :

Almodovar del Río …. 374.488

El Carpio………… 205.781

Nueva Carteya………. 190.782

Doña Mencía………….240.167

Guadalcazar…………..290.412

Hornachuelos…………212.863

Añora…………………. 249.161

Y en municipios con similar población:

Fernán Nuñez………….371.827

Bujalance……………… 238.557

La Rambla…………… 262.542

Villa del Río………… 297.583

Posadas……………… 250.225

A la vista está que nuestro municipio sufre una grave discriminación en el reparto, perjudicándosele de manera ostensible, es por lo que éste Grupo Municipal solicita del Pleno del Ayuntamiento se adopten los siguientes acuerdos:

1.-Se solicite a la Junta de Andalucía información detallada de los criterios que se han tenido en cuenta para asignar estos fondos a nuestro Municipio.

2.-En el supuesto de que la distribución adolezca de posibles errores, se resuelva con la adjudicación de unos fondos más equitativos y justos en función de nuestra población y situación económica.

Castro del Río, 15 de diciembre de 2008

EL PORTAVOZ MUNICIPAL

JOSE LUIS CARAVACA CRESPO

domingo 8 de febrero de 2009

MOCIÓN EN DEFENSA DEL SECTOR DE LA ACEITUNA EN ADAMUZ

El Grupo Municipal de IULVCA de Adamuz a través de su portavoz Rafaela Rosa Mesones somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente

MOCIÓN EN DEFENSA DEL SECTOR DE LA ACEITUNA EN ADAMUZ

La mayor fuente de ingresos de nuestro pueblo, y de muchos de los pueblos de Andalucía es el olivar, el beneficio que genera la extracción de aceite crea numerosos jornales y mantiene en nuestra localidad un nutrido grupo de pequeños agricultores que tienen en el olivar su forma de vida. El olivar es sin duda alguna parte esencial de nuestra cultura, y un modo de vida que arraiga a los vecinos de Adamuz a su tierra, es decir que sin su beneficio económico muchos ciudadanos tendrían que buscarse el sustento en otros lugares. Por estas y otras razones que detallamos a continuación no es justo que los agricultores y jornaleros del campo sean victimas de un sistema capitalista que mediante su injusta ley de mercado condena a todas las personas que viven del olivar, y por tanto a todo nuestro pueblo, a recibir precios por debajo del umbral de la rentabilidad de este sector, todo ello para que unos pocos aprovechados se beneficien del sudor de los agricultores y jornaleros del campo Adamuceño y saquen beneficios ingentes que deben quedarse en Adamuz. La descompensación es enorme, puesto que a la considerable bajada del precio de la aceituna, debemos sumar el enorme aumento de los productos que los agricultores necesitan para mejorar y garantizar la calidad de sus cosechas, (los abonos y líquidos se han duplicado y triplicado en algunos casos) productos básicos para que el olivar de Adamuz no se quede atrás con respecto a otras zonas productoras de aceite, de hecho el olivar de sierra ya cuenta con una desventaja añadida si valoramos la orografía del terreno donde estamos, que provoca que tanto los tratamientos que recibe el árbol, como el importe de la recolección del producto sea mas costoso para un agricultor de Adamuz, que para un agricultor de la campiña, ni tan siquiera esta característica se tuvo en consideración cuando se evaluó la forma en que se designarían las subvenciones, en las que IU proponía que se tuviera en cuenta la adversidad del olivar con pendientes, para que los olivos de Sierra se pudieran defender en este injusto mercado en el cual los agricultores tienen que ver como se le pone el precio tanto a lo que producen como a lo que se necesita para tratar su cosecha, precios muy por debajo del umbral de la rentabilidad.

En la campaña 2008 el precio que se le pagaba al agricultor por kilo de aceite estaba en torno a 2,65 €, en esta campaña el precio del kilo está en torno a 1,85 €, es decir, que en cada kilo de aceite los agricultores Adamuceños están perdiendo una media aproximada de 0,80 € con respecto al año anterior. Este año se pueden molturar en las industrias tanto privadas como colectivas dedicadas a este sector en Adamuz en torno a 40 millones de kilos de aceituna, si estimamos un rendimiento medio de un 18% obtenemos que se pueden extraer unos 7.200.000 kilos de aceite, que multiplicados por esa diferencia estimada de 0,80 € nos da un resultado de 5.760.000 € unos 956 millones de pesetas, (las cifras pueden oscilar, pero la dimensión del problema es real) los cuales pasaran del bolsillo de los agricultores y de los ciudadanos de Adamuz, al bolsillo de los especuladores, con el consentimiento de todas las administraciones públicas gobernadas por el PSOE.

En la constitución española encontramos varios artículos en el capítulo de economía y hacienda que dejan margen a los poderes públicos para ejercer el control y frenar la estafa que se está permitiendo en el olivar adamuceño y andaluz, los artículos más representativos son el 130,131 y muy especialmente el artículo 128 que dice que la riqueza del país está subordinada al interés general, en este artículo se reconoce la titularidad pública en caso de monopolio y así mismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. Nos referimos lógicamente a aquellas multinacionales que asfixian a este sector. En el artículo 48 apartado 3a del recientemente aprobado estatuto de Andalucía se alude a que a la Junta de Andalucía le corresponde la regulación de los procesos de producción agrarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de los productos agroalimentarios destinados al comercio, así como la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria. En IU pensamos que el hecho de que los agricultores reciban precios de miseria por sus productos que finalmente se venden en los mercados a precios excesivos, supone un fraude, tal como se enuncia en este artículo.

Por todo lo expuesto el grupo municipal de IU traslada para la consideración del pleno los siguientes acuerdos:

  • Solicitar la intervención de las administraciones públicas central y autonómica para que el precio del aceite este regulado de forma que los agricultores, jornaleros y posteriormente consumidores, reciban y paguen respectivamente un precio razonable, basado en criterios de rentabilidad para el agricultor, criterios de trabajo digno y de calidad para el jornalero, y en un precio justo para el consumidor final.
  • Trasladar al grupo de parlamentarios europeos españoles la necesidad de renegociar las subvenciones, en primer lugar para que no finalicen, y en segundo lugar para que el olivar de Sierra tenga una aportación adicional debido a su orografía